Es un mecanismo excepcional, diseñado con el propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis y garantizar la continuidad de prestación de servicios públicos, en vista de que las circunstancias excepcionales impiden celebrarlos a través de las modalidades de selección con convocatorias públicas vigentes. Es por ello que, la administración con el propósito de atender de manera inmediata las circunstancias externas que afectan el normal funcionamiento, le es posible acudir a la urgencia manifiesta para actuar eficazmente previniendo o mitigando situaciones que pongan en riesgo a la comunidad caleña. En este sentido, las entidades de la administración ordenadoras del gasto pueden contratar directamente elementos necesarios para superar la difícil situación.
En este orden de ideas, bajo esta modalidad de contratación directa establecida en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se faculta a las entidades estatales sometidas, a seleccionar de manera directa a un contratista sin necesidad de agotar los procedimientos que implican otras modalidades como la licitación, la selección abreviada o el concurso de méritos. Además de lo anterior, es importante tener presente que La Ley 1150 de 2007 prevé en el literal a) del subnumeral 4º del artículo 2º, como causal de la modalidad de contratación directa la urgencia manifiesta y, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 del Sector Planeación Nacional, en su artículo 2.2.1.2.1.4.2., prescribe que: “si la causal de contratación directa que se esboza es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos”.
¿Cuándo existe Urgencia Manifiesta?
Según el artículo 42 de la ley 80 de 1993 existe cuando:
i) La continuidad del servicio exige el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro
Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien sea que lo preste el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas. En este sentido, quienes prestan el servicio no puedan realizar actos u omitir obligaciones que puedan comprometer su continuidad pues se estaría atentando en contra del principio de la eficiencia y continuidad propio de los servicios públicos. De ahí que a través de la urgencia manifiesta le es posible al Estado garantizar la efectividad de los principios.
(ii) Cuando se presentan situaciones relacionadas con los estados de excepción.
Los estados de excepción son respuestas fundamentas jurídicamente que impone la Constitución Política a través de los artículos 212, 213 y 215 a situaciones graves y anormales que no pueden ser enfrentadas por el Estado a partir de sus competencias ordinarias. En vista de ello, le es posible al Estado declarar urgencia manifiesta a fin de poder adelantar procedimientos de contratación agiles y expeditos ante la urgencia en adquirir bienes, obras o servicios a fin de mitigar las situaciones graves o anormales presentes.
(iii) Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden acciones inmediatas.
La Corte Constitucional define la calamidad como “un evento o episodio traumático derivado de causas naturales o técnicas que altera gravemente el orden económico, social o ecológico y que ocurre de manera imprevista”. A su vez, el Consejo de Estado define la fuerza mayor como un hecho conocido irresistible e imprevisible que es ajeno a la actividad o al servicio que causó el daño. En vista de lo anterior, esto es, cuando se configuren situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o fuerza mayor el Estado está facultado para declarar urgencia manifiesta a fin de poder atender de manera ágil y efectiva las consecuencias que derivan de los hechos.
(iv) Cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos.
Para esta última situación genérica la ley 80 de 1993 dispone en su exposición de motivos que la utilización de procedimientos reglados de selección objetiva se constituye en la regla general, entre los casos de excepción se destaca el relativo a la urgencia manifiesta que se permite para casos que se vinculan esencialmente con situaciones evidentes de calamidad pública o que afecten de manera inminente la prestación del servicio, circunstancias que, por su propia naturaleza, determinan la imposibilidad de acudir a procedimientos de escogencia reglada. Se pretende de esa forma, facilitar al máximo la actuación de la administración frente a eventos excepcionales que reclaman su pronta intervención.
¿Quién puede declarar la urgencia manifiesta?
La urgencia manifiesta puede ser decretada directamente por cualquier autoridad administrativa sin que medie autorización previa. La declaratoria se realiza a través de acto administrativo debidamente motivado. Es importante tener presente que el acto administrativo debe estar lo suficientemente motivado, además, debe exponer de manera clara y precisa los hechos y su adecuación en alguna de las cuatro causales del Artículo 42 de la Ley 80 de 1993. No obstante, el Consejo de Estado ha indicado que la contratación por urgencia manifiesta se justifica por la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes.
¿Qué principios se deben garantizar en la declaratoria de urgencia manifiesta?
Por tratarse de una causal de contratación directa se debe garantizar
El principio de economía: Las contrataciones por urgencia manifiesta deberán ser céleres. El término para adelantar un proceso de selección de contratistas a través de esa modalidad, deberá ser significativamente menor que el de un proceso de escogencia pública, en vista de que son contrataciones destinadas a conjurar una catástrofe, una calamidad, la paralización de un servicio público esencial, etc.
El principio de transparencia: Es necesario que la entidad justifique el uso del mecanismo de urgencia manifiesta. Las entidades deberán indicar los motivos fácticos y jurídicos que justifican que se excluya la regla general del adelantamiento de procesos públicos de contratación prevista en el Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. En este sentido, es necesario en el acto administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta, explicar por qué no es conveniente acudir a los procedimientos de licitación pública, concurso de méritos o selección abreviada.
El principio de responsabilidad: Le corresponde a la administración pública tomar acciones tendientes a fin de lograr que, a través de la suscripción del contrato derivado de la declaratoria de urgencia manifiesta, se logren los fines de la contratación y se satisfagan las necesidades de la entidad y de la población en general.
El principio de selección objetiva: Es deber de la entidad hacer un análisis previo a la suscripción del contrato, en el que se examinen factores como experiencia, equipos, capacidad, precios, entre otros, con el objetivo de determinar que la propuesta presentada resulta ser la más idónea. Es importante resaltar que los contratos suscritos mediante la modalidad de urgencia manifiesta les son igualmente aplicables los principios que rige la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, los principios que regulan la gestión fiscal dispuestos en el artículo 267 y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación pública.
¿Qué tipos de controles se activan en la declaratoria de Urgencia Manifiesta?
El Control Administrativo: Lo realiza la propia institución del Estado, a través de sus oficinas de control interno, en virtud del artículo 4º numeral 4, de la Ley 80 de 1993.
El Control Disciplinario: Lo realiza el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las Personerías) en virtud de los artículos 62 y 63 de la Ley 80 de 1993.
El Control Fiscal: Lo realizan las Contralorías en virtud del artículo 65 de la Ley 80 de 1993.
El Control Político: Lo realiza el Congreso de la República, las Asambleas, y los Concejos municipales. Este control es imprescindible en materia de contratos. Se realiza a través del Congreso de la República, de las Asambleas, de los Concejos Municipales y Distritales. Se ejerce por medio de citaciones, debates, informes y la censura sobre la Administración.
El Control Ciudadano: Lo realizan los ciudadanos directamente o a través de sus organizaciones sociales. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 103, 270, 369 de la Constitución Política, la ciudadanía individualmente considerada o debidamente organizada en Veedurías Ciudadanas puede ejercer control social a la contratación pública, y denunciar ante los respectivos órganos de control las irregularidades que encuentren. De ahí la importancia de que los ciudadanos que deseen ejercer el control sobre la gestión pública, y en especial sobre los procesos de contratación, tengan un conocimiento mínimo de este ejercicio a fin de que sus denuncias u observaciones sean lo suficientemente fundadas y que no hagan incurrir a las entidades del Estado, y en especial a las de control, en un desgaste innecesario que iría en detrimento de la actividad estatal.
Decretos expedidos por la Alcaldía en el que se declara la urgencia manifiesta en el Distrito Especial de Santiago de Cali
Decreto No. 4112.010.20.0008 de 2021: Atención emergencia sanitaria COVID-19
En el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 se expide el 16 de enero el Decreto No. 4112.010.20.0008 de 2021 declarando la urgencia manifiesta hasta el 28 de febrero bajo la causal de exigencia del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro para garantizar la continuidad del servicio, con el propósito de contener y mitigar los efectos de la pandemia.
Decreto No. 4112.010.20.0157 de 2021: Atención a calamidad pública debido a ola invernal
En este mismo año en el marco de la calamidad pública se expide el 25 de marzo el Decreto No. 4112.010.20.0157 de 2021 declarando la urgencia manifiesta por un término bajo la causal de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden acciones inmediatas, con el objetivo de mitigar los riesgos y la prevención de desastres con ocasión de la ola invernal.
Decreto 4112.010.20.0233 de 2021: Atención de situación relacionada a la alteración de orden público
Para este mismo año en el marco de las afectaciones generadas a la comunidad, a los bienes públicos y privados derivados de los disturbios producidos por algunos grupos en virtud del paro realizado el día 4 de mayo del 2021, se expide el 4 de mayo el Decreto 4112.010.20.0233 de 2021 declarando la urgencia manifiesta por un término de 3 meses bajo la causal exigencia del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro para garantizar la continuidad del servicio, con el objetivo de atender la situación relacionada con la alteración del orden público en el territorio.
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